MOTOTAXISMO-PROCESO ELECTORAL Y EL MOTOTRABAJADOR



Popayán 18 de Octubre de 2019, SUNMCOL Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores de Colombia, seccional Popayán, es la organización obrero sindical constituida para la defensa del trabajo digno, capacita y orienta a los Mototrabajadores en la resolución de conflictos relacionados con la motocicleta y el mal llamado mototaxismo, lucha por la protección social del mototrabajador, construye sentido de pertenencia y capacita en competencias ciudadanas que garanticen y contribuyan en la búsqueda de la Paz, la sana convivencia entre ciudadanos y la transición del trabajo informal a la formalidad.

El presente proceso electoral transcurre en un contexto de censura y manipulación de la opinión por las empresas mediáticas, asesinatos de líderes sociales, persecución al trabajo informal,  exterminio de la oposición, y de la organización sindical, social y popular, el desplazamiento interno, y la violencia electoral. Es un escenario hostil para la participación electoral y la movilización social. Hace mucho tiempo en la forma de hacer política se perdieron los valores y la ética. La democracia, hoy convertida en ignorancia, tiene la marca de los inversionistas; grupos privados que operan dentro y fuera del proceso electoral y de los medios de información mercantilizados, donde se definen los temas y se define el “canon” informativo que la sociedad colombiana requiere para su desempeño cotidiano. Ya no se hace periodismo, solo se venden pautas y propaganda.

Bajo el capitalismo electoral, el derecho a elegir y ser elegido y la información se convierte también en mercancía, se secuestra la voz de los Payaneses para tribulaciones políticas y mercenarias, el “canon” el conjunto mínimo obligatorio de información, no obedece a la producción social de conocimiento colectivo, sino a la lógica del mercado.

Desinformar en el proceso electoral no solo es suspender la “transmisión” de “datos”, es también sepultar un canon social informativo obligatorio. Es reducir el acto electoral al capricho mercantil de las campañas políticas, es redactar corpus cercenados al antojo de una ofensiva contra la consciencia de los interlocutores, para entregarles una visión o noción de la realidad deformada, desfigurada, desinformada.

La propaganda política es un fraude de punta a punta. No es una “omisión” más o menos interesada o tendenciosa, no es una “falla” del método; no es un accidente de la lógica narrativa; no es un incidente en la composición de la realidad; no es miopía técnica ni es, desde luego, “gaje del oficio”. Es lisa y llanamente una canallada contra el conocimiento, un delito de lesa humanidad. Es como privar a los pueblos de su Derecho a la Educación.

La campaña electoral no puede ser vista como época temporal de empleo para usar, utilizar, manipular, abusar de las personas en estado de abandono estatal, desprotección social y desprotección del grupo familiar. Manipular a la opinión pública con personas incautas y que por falta de dinero venden su dignidad y personalidad, es sinónimo de prostitución social; son daños sociales que deben ser penalizados con el rigor ético, jurídico ya que atentan contra el tejido social, producen desinformación pública y social, y violan los derechos humanos fundamentales del ser humano.

Por estas razones jurídicas se aclara a la opinión pública:

Que el voto del mototaxista carece de un censo real y de él solo se acuerdan en épocas electorales. Claro que somos un potencial electoral al cual se abandona apenas pasan las contiendas. El mal llamado mototaxismo no puede ser reconocido solo en campañas electorales, y que en sus prácticas los gobernantes los maltratan jurídicamente, se les obliga a la deuda económicamente, se les discrimina políticamente, se les victimiza con la norma que impone la empresa privada, se les reprime con la policía.

Popayán registra más de 120 000 desplazados víctimas del conflicto armado, procedentes de otros municipios y donde no hay pruebas si sus cédulas de ciudadanía están notificadas en la registradora local de Popayán. La ciudad blanca padece de un desborde de la informalidad de migrantes extranjeros haciendo mototaxismo, ventas ambulantes en semáforos y espacio público actividades que inflan la informalidad.

La comunidad Payanesa no puede quedar marcada ante el país, con un proceso electoral en donde las campañas políticas pagan, para mostrar montoneras de gentes en reuniones y movilizaciones callejeras.

Se hace un llamado a los entes nacionales de control: Procuraduría, Contraloría, Defensoría del pueblo, Misión de Observación Electoral, para que en conjunto con la sociedad civil y la informalidad directa se instale una veeduría, se construyan herramientas jurídicas que impidan el uso, el abuso y utilización de personas incautas, para la manipulación de la opinión pública.

JUNTA DIRECTIVA SUNMCOL POPAYAN MOTOTRABAJADORES DE COLOMBIA


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