El Mototrabajador y las Secretaria de Transito

CONTEXTO NACIONAL

Con el propósito de satisfacer la creciente demanda de transporte en motocicleta y la legitimación social de nuestro actividad, se creó  el Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores de Colombia SUNMCOL, donde confluyen asociaciones de motociclistas, domicilios, mensajería, mototaxistas, que permitirá a personas jurídicas y no jurídicas de todo el país   a organizarse mediante subdirectivas municipales y departamentales para un mejor funcionamiento y actividades propias de la estructura organizativa de SUNMCOL.

SUNMCOL en el marco de un irreversible proceso de modernización y transformación, ha dado un importante paso para adecuarse a los tiempos actuales, en el que las personas y las organizaciones evolucionan rápidamente y deben adaptarse a las nuevas tendencias sociales, como la que genera el escenario de mototrabajadores y cuyo actividad de transporte personalizado, sirve, no solo para el relacionamiento interinstitucional con la ciudadanía que opta por este medio, sino que se articula al movimiento  popular.

El referente de SUNMCOL es la defensa del territorio, la libre movilidad, el derecho al trabajo, la concertación y proyección hacia la construcción de políticas públicas, fortalecer el tejido social como resultado de procesos incluyentes y participativos, las movilizaciones, son algunas de las propuestas que presentamos a los efectos de difundir la Problemática del trabajador informal en motocicleta  y los principales acontecimientos  que hacen la dinámica de SUNMCOL.

De una manera eficiente y directa,  agradece la solidaridad, reconocimiento y apoyo que nos ha brindado la ciudadanía al compartir este espacio de movilidad, abierto al dialogo, a comentarios, críticas, propuestas y colaboraciones.

Dentro de las causas estructurales y coyunturales por donde pasa el desempleo en Colombia encontramos un gobierno y un sector público inmerso en la corrupción, dentro del aparato del estado, sobre los actores económicos, sobre la gobernabilidad tanto del país, como de los municipios dándole a la corrupción un  tratamiento de problema  de estado. En el entendido no solamente como saqueo del erario, sino como un fenómeno asociado a aquellas decisiones públicas  que no consultan el interés general para favorecer intereses personales o de grupo.

Al conjunto de aquellas decisiones pertenece la norma  presidencial, decreto 2961 de 2002 reformado por el decreto 4116 y la ley 1383 de 2010 como un arreglo institucional diseñado para permitir en las administraciones locales y secretarias de transito; que actúan al mejor estilos de las empresa privadas, sin aportarle recursos a los municipios, si no por el contrario, Que se adelante una captación masiva ilegal de dineros provenientes de los propietarios de vehículos- motocicletas. 

Pese a que existen acuerdos municipales en Colombia  que facultan tarifas en  los  parqueaderos para motocicletas contraventoras por código 87 según resolución 17777 o por decreto, salta a la vista el arreglo institucional entre dueño de parqueadero y los señores alcaldes, se auto-acomoda un sistema apropiado para la captación de dinero proveniente de las infracciones; ya que se paga la tarifa del parqueadero fuera de la sanción que dispone el código nacional de transito y ley 1383 de 2010.

En este contexto existe corrupción y es una  variable que afecta el interés general, se refiere  a un comportamiento por parte de agentes del sector público y privado a través del cual se obtienen dineros de una manera inapropiada o ilegal usando o abusando para ello de la posición que le fue confiada. El problema económico es que los ingresos derivados de tal comportamiento no pueden catalogarse de beneficios económicos sino de “rentas” - rendimientos financieros individuales que nada aportan al bienestar de los municipios.

Esta actividad de crear acuerdos y decretos municipales es el primer factor de corrupción puesto que incumple con el debido proceso para la aprobación.  Que es el de consecutividad, es decir se escribe el decreto  y se pasa por las oficinas solicitando las firmas para la aprobación. Pese a que estos actos administrativos no tiene la consecutividad del debido proceso   nuestros concejales olvidan cual es la norma de normas pasando por alto las frases como : “ Colombia es un estado social de derecho,,, democrático, participativo, pluralista fundada por el respeto y la dignidad ” pese a que  los decretos normas o acuerdos convierten al estado en instrumento para la competencia desleal, amarra al mercado a una especifica opción de transporte, sienta el antecedente, que los alcaldes colocan al estado a ejercer un proteccionismo que solo beneficia los intereses del alcalde, convierte al estado en una finca particular que discrimina, desplaza, vulnera la dignidad humana y los derechos fundamentales y en segundo lugar los decretos se convierten  en el artificio para capturar recursos nocivos, está brindando a los particulares beneficiarios –empresa privada- la captación y la capacidad para fingir y para estorbar el ejercicio de funciones de  cometido estatal ,  entre otras  el diseño, ejecución  y administración de la política pública  de  seguridad  vial que conlleve  a desarrollar un plan de acción para los motociclistas y no como está diseñado el actual plan de movilidad  mediante   documentos COMPES   que excluye a la motocicleta.

En contravía vía de los principios constitucionales, disposiciones legales y las exhortaciones de naciones unidas a los estados miembros de crear un organismo de nivel nacional coordinador de las actividades de seguridad vial.

Los actos administrativos continúan manipulando el accionar de la motocicleta  en la vía. Originando una renta privada, y de inventadas contribuciones parafiscales orientadas a un ente público-privado, secretaria de transito y alcaldía municipal, la magnitud y descontrol de la captación, motiva una secuencia de  decisiones públicas engañosas que crean confusión y generan  profundas desequilibrios sociales, económicos y políticos.

Esta forma de actuar desinforma y desorienta cuando el plan de movilidad no es incluyente, ni participativo,  toda vez que la motocicleta es una actor más de la Vía  POR LO QUE SE DEBE MOTIVAR AL GOBIERNO  a conformar un ente que adelante la tarea de implementar una política pública , de prevención y seguridad vial  que contribuya  a preservar la vida y mejorar el bienestar  de los y las motociclistas  ya sea mediante acuerdo municipal que concerté con las ensambladoras de motos y distribuidoras , sindicatos de  Moto trabajadores, asociaciones  de motociclistas organizados con personería jurídica , alcaldía municipal,  que conformen un comité de asuntos  y políticas de los y las motociclistas de Colombia, concertado con el ministerio de transporte para la creación de un verdadero plan estratégico de seguridad vial para motociclistas. 

La exigencia principal que los moto taxistas hacemos a los entes gubernamentales es el reconocimiento social que tenemos por derecho propio quienes de una u otra forma trabajamos organizadamente como actores de la vía.