EL PAN DE CADA DÍA DE LOS MOTOCICLISTAS EN COLOMBIA
Si las grúas según la norma se deben utilizar para un solo vehículo, y no para 10 motocicletas como lo muestra la gráfica, los ciudadanos como constituyente primario podemos hacer que los agentes de policía rindan cuentas.
De muchas maneras diferentes. las autoridades civiles, militares en cuanto al transito y la movilidad son responsables de su desempeño y productividad en términos mensurables, con criterio administrativo o empresarial, comparándolo quizá con metas y objetivos fijados por los gobiernos locales, pero, lo que es más importante, deben rendir cuentas de la forma en que ejercen los poderes que se les han confiado.
El llamado es a la procuraduria general de la nación, a la defensoria del pueblo en su contexto nacional, por que en los municipios urbanos y rurales, en muchos de los casos, estas dependencias son administradas por la rosca familiar de los alcaldes municipales, La gran mayoría de las personas que participan en la labor policial están dedicadas a la causa de un servicio público honorable y competente y hacen gala sistemáticamente de altas normas de integridad personal y profesional en el desempeño de sus funciones, y aún serían más los que se comportan de este modo si recibiesen la formación y el apoyo institucional adecuados. Pero en todos los organismos de la policía nacional de Colombia, existe un elemento contaminado en cierto grado por el incumplimiento de estas altas normas de probidad y profesionalidad que caracterizan en general a la actividad policial.
La forma en que se prestan los servicios policiales depende de toda una serie de variables que incluyen resolución de los problemas, que requieren intervención policial mesurada, que responda a las necesidades de la comunidad, sabemos que la policía es un instrumento directo de la política del gobierno y una prolongación de la autoridad ministerial para proteger las libertades y los derechos fundamentales de la sociedad en general y no debe ser solo de la empresa privada, o de empresarios particulares, y tampoco obedecer a los supuestos acuerdos administrativos y particulares, que convierten a la institución policial en promotora de violación a los derechos humanos fundamentales ya que confabulan en contra del motociclista y del vendedor ambulante que en su espíritu humano como personas y conductores también son constituyente primario.
La procuraduria general de la nación debe tener en cuenta que ha hoy mayo de 2017, es necesario evaluar y supervisar la conducta de la policía y los mecanismos al efecto, junto con las formas en que pueden detectarse la falta de integridad, la deshonestidad y la corrupción.
La rendición de cuentas debe tener en cuenta actos y decisiones por que ante la procuraduria general de la nación siempre hay un responsable de esas actividades.
Todo los acuerdos entre alcaldes, propietarios de grúas, dueños de parqueaderos, algunos concejales, y funcionarios del gobierno deben responder; y de esta manera evaluar si hay integridad en la honradez y en lo moralmente recto en los valores del gobierno; a la hora de aplicar la norma contra la población vulnerable, en este caso el motociclista independientemente de que sea mototaxista, mototrabajador, o vendedor ambulante.
Todo acto de corrupción es una conducta inapropiada y por lo general ilegal que tiene por objeto obtener un beneficio para sí mismo o para otro. Puede tomar la forma de cohecho, extorsión y uso indebido de la aplicación de la norma en cuanto al derecho a la defensa, sobre todo en la población vulnerable como el motociclista y el vendedor ambulante en donde el gobierno nacional no ofrece ni siquiera la concertacion con los afectados, para tener la posibilidad de construir en conjunto la política publica integral, que ha de ofrecer posibles soluciones a la pobreza absoluta de estos sectores.
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