DECLARACIÓN POLÍTICA DE MOTOTRABAJADORES

Manifiesto Comisión Política de Mototrabajadores

 

Después de recorrer la geografía colombiana trabajadores informales en motocicleta, nos hemos convocado para analizar y evaluar la situación nacional de los mototrabajadores y las condiciones cada vez más graves para la población urbana y rural que sobrevivimos de la motocicleta.

 

Los trabajadores informales en Colombia no somos ajenos al cuadro del conflicto colombiano, somos un elemento social complementario constituido por los millones de campesinos empujados, a causa del nivel de violencia en el campo, a los éxodos rurales y hacinados en barriadas autoconstruidas en municipios y ciudades del país.  

 

Somos Campesinos obligados a ser ciudadanos víctimas de una oligarquía urbana a la que no le interesan las reformas, ni le interesan los suelos; sus razones económicas están en el subsuelo porque el contexto multinacional le exige desplazar y vender para explotar los inmensos recursos mineros de Colombia, de los que las insaciables multinacionales siguen sedientas con un modelo neoliberal y la política extraterritorial que viola la soberanía nacional.

 

Al capital extranjero se le entrego con respaldo militar los intereses del país desde el año 2000 hasta el 2025, la economía del país, la industria, los recursos naturales, las petroleras, los medicamentos, los servicios públicos, el transporte, el sector financiero, metal mecánico, del hierro y el acero, plásticos y cauchos, alimentos procesados, transporte de valores y correos, las grandes superficies del comercio, las telecomunicaciones, la televisión por cable, hoy están en manos de las transnacionales con la consecuencia lógica de la ruina de la industria nacional, la inversión extranjera recibió gabelas tributarias, zonas francas, las reformas a la constitución nacional, las reformas laborales, las políticas públicas de hecho fueron diseñadas por los empresarios y el gobierno, el 60% del empleo es informal, el 80% de los trabajadores devengan menos de dos salarios mínimos, solo el 30% tiene expectativas de pensión, el 70% de las horas hombre en Colombia son trabajadas por la informalidad.

 

Los niveles de pobreza en los territorios urbanos son de un 45 por ciento en promedio; en tanto en el campo el nivel de pobreza asciende al 64 por ciento. Mientras el promedio nacional de necesidades básicas insatisfechas es de 27 por ciento; para la población indígena es del 57 por ciento y para los afro descendientes es del 66 por ciento. En los municipios definidos como de alta ruralidad, las personas con necesidades básicas insatisfechas ascienden al 74,66 por ciento, según PNUD.

 

La política de subyugación de nuestros gobernantes ha permitido que las multinacionales accionen como repúblicas independientes, violando la soberanía nacional, los derechos de los trabajadores, los convenios de la OIT consagrados en las normas internacionales del trabajo, las normas ambientales, la tributación, las libertades públicas de los individuos, el ejercicio regular del derecho a peticionar ante las autoridades, el derecho al debido proceso, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho de protesta, el de libertad de prensa y el derecho al disenso, así como la misma integridad física de los manifestantes, y desconociendo las exigencias de las asambleas y organizaciones ambientales a través de la descalificación sistemática a los peticionantes como actor político.

 

Mediante continuas sesiones La OIT ha sancionado a Colombia por no cumplir con los convenios internacionales para que cese la afrenta contra líderes y trabajadores del movimiento sindical. Sumado a esto las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está privatizada o limitada -en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos. Contribuyendo a ello las políticas públicas, que al desconocer los aportes de los procesos de poblamiento popular a la construcción de ciudad y de ciudadanía, violentan la vida urbana.

 

En este contexto el significado social y político de la lucha urbana continúan siendo fragmentados e incapaces de producir cambios trascendentes en el modelo de desarrollo vigente. Por esta razón, se considera imperioso hacer un llamado a la población civil, a las instituciones de justicia y estatales, a la comunidad internacional a levantar su voz en la defensa de los derechos fundamentales de las personas que ejercen su derecho a peticionar, a protestar, a reunirse, a manifestarse públicamente, a proteger la movilidad, la salud y la vida de los habitantes de las comunidades; lo que nos lleva a concluir que los mototrabajadores en esta comisión política asumimos:

 

A.    Que el mototrabajador no puede concebirse como una comunidad ilegal, de carácter delictivo, ya que es una solución laboral de libertad organizativa, de autoreconocimiento, identidad; y concebirla con una visión estigmatizante por el simple hecho de que lo genera el conflicto armado y sus múltiples variables, es equivocado, y lo constituye en dificultad esencial para la transmisión de la cultura humana y para la integración de normas y valores y por lo tanto dificulta la construcción de país con justicia y vida digna.

 

B.     Que la informalidad de la motocicleta dista mucho de la informalidad que promueve la OIT y las centrales obreras en Colombia por lo tanto nuestra lucha se afianza mas en el reconocimiento de una informalidad integral en el contexto del ser humano y no del que genera el estado con la empresa privada  y con el modelo capitalista.

C.    Vamos a Unificar un accionar que permita desarrollar y exigir mediante el reconocimiento sindical de los Mototrabajadores el impulso de mesas de concertación ciudadana atravez de la coordinación en jornadas de protesta, la presentación de pliegos en acciones de movilización y solidaridad regional. La realización de encuentros, seminarios, de formación y capacitación de líderes para la movilización que aglutinen y muestren ante los gobiernos un sindicato más fuerte, más grande en afiliados y con más capacidad de negociación.

 

D.    La solidaridad con otros sectores con criterios no vinculantes, sin endosar la lucha de los mototrabajadores, si no aportar unificadamente en el desarrollo de acciones que permitan visibilizar las luchas contra el modelo multinacional.

E.     Asumir la defensa del territorio, el empleo, la industria agraria y urbana, como un principio de lucha para la defensa de la soberanía nacional.

 

F.     Exigir al gobierno nacional garantizar la debida protección a la población vulnerable, mediante programas de reinserción laboral y seguridad social.

G.    La construcción con criterios amplios de un observatorio sobre las consecuencias de los decretos municipales y presidenciales que permitan hacer un seguimiento permanente sobre la aplicación y defensa en el debido proceso. Exigir transparencia, información y rendición de cuentas, este aspecto es clave cuando bajo el título de confidencialidad se oculta a la opinión pública los tópicos y acuerdos de la negociación, negando el carácter democrático que debe tener un acuerdo que compromete el modelo de desarrollo de municipios y ciudades.

H.    Exigir al gobierno nacional y a la OIT mayor efectividad en su obligación de responder por el cumplimiento de las leyes, la constitución nacional, los convenios y las normas internacionales del trabajo.

I.     Nos decidimos, sumarnos a fortalecer con todos en la construcción de un espacio público en la pluralidad y democracia, un escenario de Dialogo Nacional para la paz de los colombianos.

 

SUBDIRECTIVAS DE  SUNMCOL SANTANDER, SAN AGUSTÍN HUILA, NEIVA,  NORTE DE SANTANDER, OCAÑA, SUNMCOL  QUINDIO, NARIÑO,  MAGDALENA, SUNMCOL POPAYAN, TOTORO, PIENDAMO, FLORENCIA, DONCELLO, SAN VICENTE DEL CAGUAN, CARTAGENA DEL CHAIRA, PUERTO RICO, LA TEBAIDA QUINDIO, BUGA VALLE, LA UNIÓN, CARTAGO, ZARZAL, ROLDANILLO, YUMBO, SEVILLA, NEIVA HUILA, UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, COORDINADORES DE CUADRADEROS DE FLORENCIA.