La “asistencia militar”

 La “asistencia militar” es un eufemismo para legalizar una práctica de facto del régimen político colombiano: el tratamiento militar del conflicto social y la protesta. En este artículo que nos comparten los compañeros y compañeras de Acción Legítima, se hace un análisis histórico de la intervención del estamento militar en el ejercicio de poder y de gobierno, en una línea explicativa desde comienzos del siglo XX, hasta estos días de paro nacional en el 2021.

La “asistencia militar” ordenada por el Gobierno1 ¿el preludio del Estado de Sitio, y la urbanización del Conflicto?

En la década de los años 20, en los enclaves del capital extranjero, un ambiente de agitación social fue ganando vigor a falta de leyes sociales. La creación del Partido Socialista Revolucionario es acompañada de una ola de huelgas durante 1926. En 1927, tuvo lugar la huelga de la Tropical Oíl Company, reprimida con dureza por el gobierno. Poco después, en los puertos y ciudades hubo movimientos huelguísticos buscando mejorar las condiciones laborales. Ni en la actitud de los gobernantes ni en la estructura jurídica del país, había una respuesta que garantizara el derecho a la protesta3. El 19 de marzo de 1928 el diario "El Tiempo" afirmó en su editorial lo siguiente:

"Es unánime la censura contra la debilidad del Gobierno que ha permitido las constantes agitaciones socialistas y las prédicas sobre eliminación de los burgueses y capitalistas, especialmente contra aquellos señalados como enemigos de las llamadas reivindicaciones obreras" 4

El 30 de octubre de 1928 fue sancionada la Ley 69 de ese año, por medio de la cual se dictan algunas disposiciones sobre defensa social. La “Ley heroica” como se conoció la Ley 69, convirtió en delito agruparse, reunirse o asociarse bajo cualquier denominación. Como corolario invistió al jefe de la Policía municipal de facultades para disolver cualquier reunión, asociación o agrupación5. Posterior a su emisión, el 05 de diciembre después de aprobada, los trabajadores de las bananeras declararon la huelga. Como era de esperarse, la multitud fue disuelta: El ejército disparó contra los huelguistas, quienes protestaban y se encontraban reunidos en la plaza de Ciénaga” 6

A raíz de las constantes revueltas y desórdenes promovidos por campesinos y obreros, por evitar las concesiones y contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, el Ejército dispuso para entonces, que se hiciera presencia en zonas petroleras como el Catatumbo con unidades pequeñas, con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades económicas, particularmente en aquellas donde la resistencia indígena fuera más aguda. En el departamento de Norte de Santander para 1931, se ubicaría el batallón de infantería Santander número 4 en Cúcuta, con tropas en los corregimientos, campamentos petroleros y asentamientos de lo que hoy se conoce como municipio de Tibú. El batallón 

de infantería García Rovira número 15 con sede en Pamplona tuvo tropas en los municipios de Sardinata, Convención, El Carmen, Teorama, San Calixto, Hacarí y La Playa. Desde entonces, el accionar del Ejército Nacional en la región mantendría una estrecha relación con las actividades económicas de extracción de hidrocarburos7. Es claro que el dispositivo militar para la época tuvo vocación de contención del orden público, y no obedeció a una estrategia para salvaguardar las fronteras o la seguridad nacional8. ¿en el 2021 algo de ello ha cambiado?

[…]A partir de 1930, y durante casi dos décadas, el papel del Ejército seguirá siendo confuso y el llamado al control del orden público seguirá siendo una constante. […] Tanto en la concepción como en la práctica, las tareas y el rol tanto de la Policía como del Ejército siguen siendo aún difusos. Nunca se plantearon límites ni tareas particulares para cada institución. Lo cierto es que la represión de la protesta social continúa siendo una dinámica que caracteriza las Fuerzas Armadas […]” 9

Los rasgos descritos, serían fuente de procesos posteriores de organización social y política por parte de trabajadores, campesinos pobres e indígenas que tuvo entre sus efectos una larga historia de movilización social y la consolidación de fuertes bases campesinas10. Estos años fueron incubando discursos, imaginarios y organizaciones en defensa de la permanencia en el territorio y la mejora en las condiciones de vida, así como reivindicaciones laborales y políticas. Como también la idea entre gobernantes empresarios e iglesia, que estas expresiones fueran consideradas como “[…] una acción subversiva, desestabilizadora del andamiaje institucional y susceptible de condena social[…]”11

De lo anterior puede colegirse, que la estigmatización o el señalamiento parecieran hacer parte de un repertorio histórico orientado a contener los disensos. Con participación de todos los estamentos de la dirigencia de la época, esta estrategia empezó a ganar protagonismo en la resolución de conflictos, cuando otros mecanismos de persuasión y de gestión de la protesta empezaron a fallarle al gobierno:

[…]las luchas y protestas obreras durante la primera mitad del siglo XX en Colombia no fueron un fenómeno aislado del contexto internacional, lo cual no significa que obedecieran exclusivamente a influencias foráneas, sino que fueron consecuencia de un capitalismo voraz. […] Así mismo, utilizando la represión y la estigmatización de la protesta, fue posible que el Estado, en asocio con la Iglesia, intentara neutralizar el auge de los sindicatos y el fortalecimiento del movimiento social […]. El país fue laxo con el gran capital que llegó a modernizar y a imponer un orden que no respetó los derechos de los obreros. Más bien se estigmatizó su lucha asociándola con los movimientos anarquistas, bolcheviques o comunistas que tuvieron influencia en el país […]12. [subrayado fuera de texto].

La Doctrina de Seguridad Nacional -DSN-, se desarrolló desde 1945 en el contexto de la guerra fría13 una vez concluida la segunda guerra mundial. Esta doctrina presumió como una síntesis política, económica, social y de estrategia militar. Pretendió abordar todos los ámbitos sociales económicos y políticos, desde el desarrollo hasta la educación, buscando de manera integrada, combatir al supuesto enemigo interno14

La Escuela de las Américas, conocida como centro de entrenamiento estadounidense para militares latinoamericanos que formó a soldados y oficiales en destrezas relacionadas con el combate a la insurgencia, inculcó en el imaginario de las Fuerzas Armadas latinas la idea de que la subversión era respaldada por la Unión Soviética, tanto, por la formación ideológica comunista, como por la entrega de preparación guerrillera15

Desde esta escuela se promovieron tácticas poco ortodoxas para ser aplicadas por sus alumnos, quienes harían parte de los organismos de seguridad de los respectivos Estados. Entre los más aventajados se encuentra el General argentino Roberto Viola16, condenado por asesinato, secuestro y tortura durante la “guerra sucia” en Argentina (1976-1983). El panameño Manuel Antonio Noriega17. También el General Chileno Manuel Contreras, responsable de la DINA (1973-1976) 18

¿Legítima defensa?

las motivaciones de la guerra contrainsurgente en Colombia mantienen en el discurso oficial, el concepto de enemigo interno vigente, pero esta vez, bajo la premisa de la legitima defensa ante la agresión, insistiendo que serán las fuerzas sociales y una estrategia de protección las que conjurarían los peligros objetivos y responderían a los miedos socialmente construidos alrededor del enemigo interno19

Mercenarios20, Gobiernos, Propietarios, Élites Locales, argumentan que son los “narcoguerrilleros” los responsables del agravio y los culpables de la violencia. Se invocan los derechos individuales y los daños recibidos en la persona o de la familia, para compartir la idea que la defensa frente a la amenaza es necesaria, justificando que, su uso es legítimo incluso por parte de los particulares21.

[…]En tal sentido, es temible no sólo el grupo de rebeldes que se ha alzado en armas contra el Estado sino también la población que ejerce oposición o reivindicación, y aquella que puede cooperar o simpatizar con la guerra insurgente22

Es apreciable entonces, por lo expuesto en el presente documento, que el señalamiento y la estigmatización de la población que protesta es un grave problema derivado de la polarización derivada o producto de largos años de GUERRA NUEVAS, como la lucha antisubversiva, o la guerra antinarco-terrorista u otros calificativos. Este problema, alimentado por “intelectuales orgánicos” -militares y civiles-, influye negativamente en el contexto político de la sociedad y sobre todo afecta la imparcialidad de los profesionales23 que bajo la influencia “de la autoridad” ejercen funciones públicas en materia de seguridad, justicia y derechos en los territorios. La influencia mantiene en el tiempo conceptos como el de la guerra política, la guerra jurídica, la combinación de todas las formas de lucha y la amenaza terrorista24

Los paradigmas de la seguridad y la política de confrontación que se han impuesto en Colombia han tenido como eje transversal el señalamiento y la estigmatización de la población civil. Quienes han hecho parte del conflicto armado han tenido propósitos políticos encaminados a mantener y a obtener el poder político, para lo cual han contado con planteamientos programáticos, estrategias y planes militares. En todos, los contendientes han utilizado El estigma como un arma de guerra, y de las peores, pues lo que se busca es que el destinatario lo asuma sin ningún análisis, como una potente inyección de odio que “llega inmediatamente bajo la piel y paraliza el cerebro”25

Pareciera que estamos retrocediendo (¿o nunca hemos salido?)... de las viejas percepciones que pretendimos superar con la Constitución del 91. El reporte 036 de la Defensoría del Pueblo26 emitido a raíz de las protestas sociales de los últimos días, en relación con la existencia de 19 fallecidos en Valle, Cauca, Bogotá, Neiva, Cali, Soacha, Yumbo, Ibagué, Madrid (Cundinamarca),Medellín, Pereira y las quejas sobre fallecidos, desaparecidos, abuso policial y lesionados, la participación de las fuerzas militares en la contención de los desórdenes sociales evidencian que el país no sale de la histórica encrucijada a la hora de tramitar los disensos, reflejando altos niveles de intolerancia que sumados a la respuesta oficial, propician la incubación de discursos, imaginarios y practicas violentas en detrimento de los DDHH que alguna vez pensamos habíamos comenzado a superar……..de seguir así, no es extraño que nos sorprendan con un “Nuevo Estatuto de Seguridad” con la implantación de nuevos “estados de excepción” o como lo propuso el Presidente con la “asistencia militar”. Sobran las palabras al manifestar que dichas iniciativas tendrán amargas respuestas….

accionlegitima@gmail.com

mayo 6 de 2021. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1 Semana.com en: https://bit.ly/3uo77VP;

LEY 1801 DE 2016, articulo 22. En: https://bit.ly/3eXCUqh

2 TIRADO MEJÍA, Alvaro. “La economía y lo social en la reforma de 1936”. Lecturas de Economía [en línea], Numero. 21, septiembre-diciembre de 1986, pp. 81-98. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas seccional Medellín. Disponible en: https://bit.ly/33xaBtH

3 MELO JORGE, Orlando. “La ley Heroica de 1928 a propósito del Estatuto de Seguridad de 1978”.

“Colombia es un tema”. Disponible en: https://bit.ly/3ttSShi

4 ibid.

5 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 69 de 1928. Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre defensa social”. Disponible en: https://bit.ly/2Rpu10J

6 MELO JORGE, Orlando. Op. Cit.

7 RAMÍREZ GARCÍA, John Enrique, et al. Fuerzas Militares de Colombia Ejército Nacional. Capítulo

Especial del Catatumbo. p.p.13-14-15-16. En: https://bit.ly/3emXe5c

8 Ibid. p.p.13-14-15-16

9 MORENO MANCERA, J. D. (2014). Relaciones cívico-militares en Colombia: supremacía y control

de los partidos políticos sobre la organización militar. Revista. Cient. General. José María Córdova,

12 (13), 333-352. Disponible en: https://bit.ly/3uhp7kM

10 FIP. las farc hoy en el Catatumbo. 2015. p.4 en: https://bit.ly/3xJK4al

11 TORRES DEL RÍO césar, Colombia siglo XX. Desde la guerra de los Mil Días hasta la elección de Álvaro Uribe (Bogotá: Norma, 2010), 79. Citado en: GONZÁLEZ ARANA, ROBERTO, MOLINARES GUERRERO, IVONNE, Movimiento obrero y protesta social en Colombia. 1920-1950. Historia Caribe [en línea] 2013, VIII (enero-julio): Disponible en: https://bit.ly/3tkFagp

12 Ibid. p. 191

13 Tradicionalmente se denomina Guerra Fría a la hostilidad comenzada tras la Segunda Guerra Mundial por las dos grandes potencias vencedoras de dicho conflicto, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas potencias vinieron a ocupar el vacío de poder generado a partir de la decadencia de las antiguas potencias europeas que para 1945 se encontraban desgastadas y al borde del colapso económico, incluso Inglaterra, que no había sido vencida estaba en decadencia, desangrada por los años de guerra. En: https://bit.ly/3eovnBM

14 VELÁSQUEZ RIVERA, Édgar de Jesús. HISTORIA DE LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL. Convergencia, enero-abril del 2002, Núm. 27, pp. 11-39. Disponible en: https://bit.ly/2Sm4WUI

15 ARANGUREN ROMERO, Juan Pablo. Op. Cit. p.311

16 Roberto Viola, como los demás jefes militares del período 1976-1983, fue procesado por sus responsabilidades en la vulneración de los derechos humanos. En concreto, fue acusado de 152 secuestros, 105 delitos de falsedad ideológica, 49 casos de torturas, 32 reducciones a la servidumbre, 17 robos con agravio, 1 caso de usurpación de poder y 1 caso de sustracción de menores de edad. El tribunal civil que lo juzgó le halló culpable y lo condenó a 17 años de prisión el 9 de diciembre de 1985. Llevaba cumplidos cuatro años de esta pena cuando el 30 de diciembre de 1990 fue indultado por el presidente Carlos Menem y acto seguido puesto en libertad. Transcrito de: https://bit.ly/3uoOLEo

17 Manuel Antonio Noriega, quien falleció a los 83 años, fue un dictador panameño, muy valorado agente de la CIA, que cayó en desgracia después de ser acusado de narcotráfico y derrocado por una invasión de Estados Unidos. […] "Lo más sobresaliente en la vida de Manuel Antonio Noriega es que hizo de la institución (militar) un instrumento, una combinación macabra entre el crimen y  el narcotráfico", dijo a la AFP el general Rubén Darío Paredes, a quien el exdictador relevó en 1983 en la Guardia Nacional. Transcrito de: https://bit.ly/3xOOA7s

18 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, creó y fue el primer director de la DINA en Chile.

Sumó cerca de 300 años en condenas por violaciones de DDHH. Transcrito de: https://bit.ly/3b5szri

19CRUZ ÁLVAREZ, Gerardo Esteban. Op. Cit. p.154

20 Yair Klein: ex teniente coronel en el ejército israelí. En la década de 1980 estableció una empresa de mercenarios paramilitares llamada Spearhead Ltd. A través de esta compañía, Klein comenzó a proporcionar armas y entrenamiento a las fuerzas en América del Sur. En 1989, las autoridades de Colombia acusaron a Klein, junto con otros exoficiales israelíes, de proporcionar capacitación paramilitar y armas a los narcotraficantes que manejan los carteles internacionales de cocaína. Klein también es sospechoso de estar involucrado en la explosión de un avión de pasajeros colombiano en noviembre de 1989. En: https://bit.ly/3b6zkZU

21 FRANCO RESTREPO, Vilma Liliana. Orden contrainsurgente y dominación, Bogotá, Instituto Popular de Capacitación: Siglo del Hombre Editores, 2009. p.80. Disponible en: https://bit.ly/3h1yaTj

22 Ibid. p-51

23 En la formación militar es preciso tener en cuenta: El 'espíritu de cuerpo' es un acendrado sentido de pertenencia a las instituciones militares, derivado de la formación profesional cerrada y jerarquizada, cuya fuerza internaliza un sentimiento de superioridad frente a las demás instituciones. Su origen en América del Sur se remonta a las guerras de independencia colonial, que indujeron la creencia institucional de que los militares habían sido los forjadores de la nacionalidad, identificada con el difuso concepto de patria. Aunque con la modernización capitalista y la penetración de la globalización en el país ha mermado el arraigo de superioridad institucional, éste sigue siendo importante con ayuda de la ideología anticomunista. En: LEAL BUITRAGO, Francisco. UNA VISIÓN DE LA SEGURIDAD EN COLOMBIA. Op. Cit.

24 Ibid.

25 GARCÍA Antonio. ESTIGMATIZADOS. Corporación Nuevo Arco Iris, en columnistas invitados. Disponible en: https://bit.ly/3vLINNY

26 Defensoría del Pueblo en: https://bit.ly/2QKthU1

https://cedins.org/index.php/2021/05/06/la-asistencia-militar-preludio-del-estado-de-sitio-y-la-urbanizacion-del-conflicto/?fbclid=IwAR2JBO9boRZrsqu6gV8h82ZdKvOiC6FPPCfoT3LcYGqXkp8MyCcRdrZXjT4