Carta al INPEC llamado a la Solidaridad

Llamado a la solidaridad con las jornadas por la vida y la dignidad de las personas privadas de la libertad

25 Agosto 2020 - Desde marzo 2020 la situación en las cárceles colombianas se viene agravando, primero por la represión de las protestas de las personas privadas de la libertad (PPL), que costo la vida a 23 PPL en marzo, hecho que siguen impunes, luego porque el INPEC llevó el Virus a las cárceles con traslados y actuaciones irresponsables, irespetando las medidas de seguridad, son miles los enfermos sin acceso a la salud y víctimas de tratos crueles. Por estos motivos, familias, organizaciones y personas solidarias se congregaron frente a las oficinas del INPEC de manera indefinida desde Lunes 24 de agosto 2020

INPEC, Gobierno Nacional, Defensoria y Procuraduria,

Por la presente queremos expresar nuestra preocupación ante la grave situación en las cárceles del país. Desde el 24 de agosto del 2014, decenas de personas se congregaron de manera permanente frente a las oficinas del INPEC  en la calle 26 #27 - 48, Inpec-Bogotá. Asociaciones de familiares, organizaciones de defensa de derechos humanos y personas sensibles a la problemática, definieron quedarse hasta la instalación de una Mesa que atienda las solicitudes delas personas privadas de la libertad. 

El Movimiento Nacional Carcelario viene denunciado desde los primeros días de la pandemia la urgencia de actuar, y las medidas actuales del gobierno no han sido eficientes, todos los días han llamados de emergencia ante la situación. 

Esperamos pronta respuesta e instalación de la Mesa solicitada para discutir el pliego de petición que les ha sido presentado. 

PLIEGO DE PETICIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID 19

Peticiones en materia de política criminal primaria

1. Generar un espacio amplio y participativo que incluya organizaciones de derechos humanos, asociaciones de abogados, a la Academia y por supuesto a la población privada de la libertad y sus familia, así como al Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y los órganos de control, para definir la ampliación de medidas eficaces de excarcelación de personas, que guarden proporcionalidad, conexidad y sean necesarias para hacer frente a la pandemia de la Covid-19. Esto, teniendo en cuenta que el fracaso evidente y muchas veces advertido del Decreto 546 de 2020. Deberán ser analizadas propuestas tales como: 

a) El replanteamiento del régimen de exclusiones presentes en el parágrafo 6 del Decreto 546 de 2020,

b) La inclusión de medidas de excarcelación humanitaria, como: la rebaja generalizada de las penas en un 50%; la libertad inmediata a las personas sindicadas; el cambio de medida a los mayores de 60 años y con enfermedades crónicas o para las personas que han cumplido más de las tres quintas (3/5) parte de su condena indistintamente del delito, así como para todas las madres lactantes y cabezas de familia.

De igual manera, deberán analizarse las decisiones judiciales y las razones por las que vienen siendo negadas y retrasadas buena parte de las medidas alternativas a la prisión, tanto ordinarias y extraordinarias.

Peticiones en materia de salud

1. Se garantice la instalación y funcionamiento permanente, de puestos de desinfección (al menos uno por patio) de cada establecimiento y centro transitorio del reclusión del país.

2. Se abastezca con tapabocas e implementos de aseo de uso personal a todas las personas privadas de la libertad.

3. Se implementen mecanismos de control estricto para el ingreso de funcionarios administrativos, guardia penitenciaria y personal contratista, de tal manera que se asegure que estos usen adecuadamente trajes de bioseguridad y tapabocas. El Estado debe garantizar la entrega de estos elementos que sus empleados. 

4. Se flexibilice el régimen de encomiendas, de tal manera que las familias puedan hacer envíos con mayor regularidad, que incluyan productos que puedan contribuir a hacer frente a la actual situación de pandemia, tales como implementos de aseo, medicamentos, suplementos multivitamínicos y otros productos naturales que permitan fortalecer el sistema inmune de las personas privadas de la libertad,

tapabocas y trajes de bioseguridad.

5. Se garantice la no realización de operativos al interior de los patios por parte del INPEC u otros organismos de control, como garantía de no propagación y contagio del virus.

6. Se suspendan los traslados de personas privadas de la libertad entre patios y cárceles, dando cumplimiento a las recomendaciones hechas por las instituciones de salud pública.

7. Se realicen testeos masivos al interior de los establecimientos y centros transitorios de reclusión, donde se están presentando casos. Esto significa la realización de la prueba a todas las personas privadas de la libertad, toda vez que no se han garantizado las condiciones materiales para que en estos se guarte el distanciamiento social sugerido.

8. Se haga entrega de los resultados de estas pruebas a la población

9. Se garantice la información veraz y actualizada a la persona privada de la libertad, el pabellón del cual procede y a sus familias, del estado de salud de las personas que sustraen de los patios y llevan a aislamiento.

10. Se garantice una atención en salud digna y humana a las personas contagiadas con COVID-19, así como por otras patologías, al interior de las cárceles y centros de detención. Esto implica, cuando menos:

11. La adecuación de sitios de aislamiento dignos y con garantías de comunicación con las familias, y abogados

12. El reforzamiento de personal médico, de tal forma que una parte tenga dedicación a exclusiva atender la pandemia, y la otra atienda adecuadamente a quienes presenten patologías distintas o que vengan con tratamientos en curso. Para esta última atención se pueden implementar sistemas alternativos, como el de telemedicina o asistencia virtual. 

Peticiones en materia de resocialización o garantías para la integración social

1. Asegurar el acercamiento familiar y el fortalecimiento de las redes de apoyo de las y los detenidos, lo cual en tiempos de pandemia se traduce en que: 

1.1. El INPEC, la USPEC y el ministerio de justicia deben garantizar mecanismos óptimos para la comunicación familiar mientras dure la emergencia. Implementando el acceso a medios tecnológicos como teléfonos celulares, computadores, salas virtuales, entre otros que garanticen la comunicación familiar en condiciones de privacidad y en el tiempo suficiente para ello.

1.2. Reducir en un 50% la tarifa de las llamadas en los teléfonos públicos. A pesar de la condición de vulnerabilidad, la población privada de la libertad, sigue pagando tarifas más altas que las ofrecidas afuera.

1.3. Se expida por parte del Inpec, un régimen de excepción que autorice el uso de teléfonos celulares y datos, por parte de la población privada de la libertad, de tal forma que quienes puedan hacer, se provean de los medios para asegurarse la comunicación con sus seres queridxs. La restricción de estos sólo alimenta la corrupción.

2. Garantizar la continuidad de las actividades, reuniones y espacios de trabajo entre la población reclusa y las organizaciones de derechos humanos, académicas y demás colaboradores externos del sistema penitenciario, a través de mecanismos virtuales.

Otras garantías

1. Reforzar la alimentación de las personas privadas de la libertad, aumentando la carga nutricional de la dieta de acuerdo con las necesidades especiales del momento y teniendo en cuenta las patologías que requieren una atención especial, que permita al sistema inmunológico fortalecerse y hacer frente a enfermedades como tuberculosis, disentería, problemas de colon y COVID-19.

2. Brindar un tratamiento igualitario y soberano a los presos con fines de extradición.

3. Garantizar el derecho al debido proceso y a la defensa, brindando espacios e infraestructura tecnológica para la comunicación privada con los defensores y la realización fluida de audiencias.

4. Fortalecer el sistema de veeduría en materia de derechos humanos. Esto incluye, por ejemplo, la definición de procedimientos expeditos y eficaces para investigar los casos de corrupción que se están presentando y la realización de reuniones de seguimiento permanente a la situación con participación de población privada de la libertad, Inpec, Uspec, Consorcio para la atención en salud, órganos de control y organizaciones de derechos humanos.

Attentamente

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