El mototaxismo hizo naufragar una demanda
Los pequeños transportadores de Neiva le atribuyeron al mototaxismo la causa principal de su ruina. Aunque sus reclamos resonaron obvios, viscerales y dolorosamente lógicos, no llevaron las huellas del desangre en cada gota. Paradoja.
RICARDO AREIZA - Investigacioneshuila@gmail.com - Si el transporte público urbano fuera un barco, hoy estaría encallado —zozobrando lentamente— esperando su hundimiento. Aunque suene paradójico y truculento: la administración de Neiva dejó de dragar el cauce —hoy desbordado— y por él fluye una tormenta, un torrente de motocicletas: ágil, caótico, sin reglas, que desvía las aguas hacia un remolino, impidiendo que lleguen a las barcazas.
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El mototaxismo –crece como un río en una tormenta: no puede contenerse solo con tapar sus grietas, sino que requiere canalizar su cauce para que no inunde la ciudad, ni se lleve por delante a quienes navegan en barcazas frágiles.
“El alcalde Casagua no es el amo de la tormenta, pero sí puede como ingeniero de la ciudad diseñar diques y puentes”, precisó el gerente de Coomotor, Armando Cuéllar.
Alarmas de quiebra
La alerta la dispararon hace dos años los propietarios de microbuses y taxistas, apoyados por los gerentes de las empresas de transporte urbano, pidiendo una indemnización por los graves perjuicios económicos. En concreto, consideraron que el crecimiento desmesurado del mototaxismo y la falta de controles por parte de las autoridades locales los condujeron a la quiebra. Reclamaron a título de indemnización el pago perjuicios materiales y lucro cesante. Pero quedaron encallados en el mismo puerto, esperando el colapso final. Sin salvavidas.
El crecimiento de esta modalidad de transporte informal –en su criterio– originó la reducción de sus ingresos de forma escalonada hasta un 50%, provocando en algunos casos la venta de los vehículos o la chatarrización, sin posibilidad de renovación.
En esencia, la reclamación es la tragedia de una crónica anunciada, evidente, tangible, irrebatible para todos. “El transporte urbano formal se muere, agoniza. Es como un paciente con cáncer, está postrado, con cuidados paliativos, esperando que le llegue el momento”, aseguró el representante de Coomotor.
Recaudo en picada
La situación es dramática, según los transportadores. El crecimiento del mototaxismo está poniendo en aprietos al transporte formal.
De los 105 mil pasajeros-días que se movilizaban en el transporte formal (en 2020) se desplomó a 62 mil pasajeros por día, lo que representa un 43% en la caída del recaudo.
— “Un alto porcentaje es causado por el mototaxismo” —alegaron- Pero, se quedaron esperando.
La capacidad transportada cayó dramáticamente. Según el gerente de Coomotor, Armando Cuéllar, de los 754 colectivos que operaban con rutas asignadas hoy operan 280 en las cinco empresas. Solo quedaron los buses grandes y las busetas.
Cootranshuila en el 2008 tenía 139 vehículos. En 2019 solo quedó con 72 vehículos en uso. Según lo reportó su gerente Marino Castro, en este lapso salieron del servicio 67 vehículos, lo que significó la reducción de la mitad de las rutas. En el 2008 la empresa registró 14 millones de pasajeros y bajó a dos millones en 2019.
Lo mismo ocurrió con la empresa Cootransneiva. Operaba 67 colectivos de servicio urbano y se redujeron a 35, según el informe Mónica Bello. Pasó de 6,9 millones de pasajeros a 552 mil. Las rutas también se redujeron.
Mototaxismo en auge
La informalidad no es un fenómeno local. Según la Superintendencia de Puertos y Transporte, el 40% de los pasajeros que se desplazan diariamente en sistemas masivos y colectivos de transporte en las grandes ciudades del país utiliza medios no autorizados para desplazarse. En Neiva no es diferente.
Según Wilson Trujillo Medina, funcionario de la Secretaría de Movilidad de Neiva, en 2019 circulaban aproximadamente 75.000 motocicletas en la ciudad, aunque solo 24.000 estaban registradas en Neiva (el resto en municipios vecinos como Rivera y Palermo para evadir controles). Esas cifras, según los transportadores habrían crecido por lo menos 30% en los últimos cinco años –acrecentado por la pandemia – lo que significaría que habría alrededor de 4.500 mototaxistas (un 4.67% del total de motos circulantes). Con otros agravantes.
Migración desbordada
La permisividad alimentó otro fenómeno: La migración de empresarios del mototaxismo proveniente de Caquetá y otras regiones del país. Todos dedicados al alquiler de motocicletas.
La mayoría de fabricación china, muchas en mal estado, sin revisión técnico-mecánica, sin seguros, matriculadas fuera de Neiva.
También el desplazamiento de mototaxistas de otros municipios, especialmente de Rivera, Campoalegre y Palermo.
Según el informe del gremio transportador, el mototaxismo está migrando también al transporte intermunicipal, desde estos municipios y los corregimientos de Fortalecillas, El Caguán y La Ulloa.
Adicionalmente, por las vías nacionales están circulando con destino a Neiva numerosos moto-carros que transportan pasajeros desde estos destinos, sin ningún control. Este tipo de servicio es ilegal. Estos aparatos no pueden operar en vías nacionales ni tienen autorización para movilizar pasajeros.
El crecimiento desbordado los llevó a la ruina. Según la Secretaría TIC y Competividad de Neiva, existen 1.400 motos dedicadas al mototaxismo, pero extraoficialmente esa cifra supera ya los 5.500 mototaxistas.
Quedaron encallados
El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva negó las pretensiones y por lo tanto desmontó de plano una indemnización por daños patrimoniales derivados de la competencia desleal del transporte informal (mototaxismo).
La juez, Ibette Zuleima Suaza, fundamentó su decisión en la falta de prueba de los elementos necesarios para configurar la responsabilidad patrimonial del Estado.
Los demandantes alegaron una reducción del 50% en sus ingresos debido al mototaxismo, pero no aportaron evidencia concreta que cuantificara dicha disminución. No aportaron las pruebas. Solo allegaron documentación vehicular (licencias, hojas de vida, certificaciones de afiliación a empresas), lo cual no prueba pérdidas económicas.
“Los transportadores no lograron demostrar que la disminución de pasajeros y las hipotéticas pérdidas fueron ocasionadas o son el resultado de competir con el transporte informal de pasajeros”, insistió la togada.
No demostraron que la supuesta disminución de pasajeros fuera consecuencia directa y exclusiva de la omisión del Municipio en el control del transporte informal.
Otros factores
El juzgado señaló que las variaciones en la demanda de pasajeros podrían deberse a múltiples factores (competencia entre empresas formales, cambios en hábitos de movilidad).
El abogado Orlando Rodríguez, vocero de la administración de Neiva, advirtió que al no existir prueba que acredite la falla en el servicio no le asiste responsabilidad alguna por los supuestos daños ocasionados.
El hecho de que los demandantes renovaran sus vehículos (incluso con modelos recientes) contradice la alegación de quiebra económica o incapacidad para sostenerse.
La decisión fue confirmada en segunda instancia, provocando el naufragio definitivo.
El magistrado, José Miller Lugo, no desconoció que el dolor de los taxistas no sea real. Tampoco absolvió al Municipio de su deber de controlar la informalidad. Lo que dijo es que, en el estricto mundo del derecho, el dolor debe traducirse en pruebas contundentes, medibles y vinculantes. Y en este caso, esa traducción falló.
En otras palabras, exigió el recibo de la compra, no el sacerdote que bendice el lamento. El funcionario dejó intacta la herida social del mototaxismo, pero se negó a aplicar un remedio legal cuyos ingredientes —la prueba del daño y la causalidad— no estaban todos en el remedio.
El naufragio
Es como la crónica de un naufragio anunciado, donde todos vieron la tormenta, pero nadie pudo medir con exactitud cuánta agua entró en cada barcaza que circula por los cauces arrolladores.
Una caída del 43% en el recaudo —como lo argumentaron los pequeños propietarios— no es un simple ajuste económico; es en términos gráficos un desangre masivo.
Una pérdida del 43% del volumen sanguíneo significa que el cuerpo entero —la economía formal— entra en shock. Los negocios en las rutas ven menos clientes, los conductores ganan menos, no pueden mantener sus vehículos, y el ciclo tiembla.
Los pequeños transportadores le atribuyeron al mototaxismo la causa principal de ese desangre. La correlación expuesta, es obvia, visceral y dolorosamente lógica. Solo que no llevaron las huellas de los responsables inequívocamente en cada gota.
El Municipio, hábilmente, se defendió con la paradoja de la renovación: “Si el negocio se hundió un 43%, ¿cómo es que el valor de un cupo para un taxi nuevo sigue siendo tan alto y la flota se renueva constantemente?”. Esta contradicción, aunque no invalida el dolor, le dio al juez una duda razonable para exigir una prueba más contundente.
Pero el Tribunal Administrativo del Huila con la frialdad de un reloj suizo, no negó que el fenómeno esté desbordado. Pero los pequeños transportadores —como una paradoja—no le mostraron cuánta agua perdió cada barcaza, ni demostraron que fue ese torrente —y no la sequía, o el viento, o el simple paso del tiempo— lo que lo dejó a la deriva.
Carga probatoria
Los dos fallos –ya ejecutoriados– reflejaron un enfoque riguroso en la carga probatoria: para que el Estado sea declarado responsable, debe demostrarse no solo la omisión, sino también el daño concreto y el nexo causal. En este caso, los demandantes no superaron este listón probatorio.
Aunque reconocieron la complejidad estructural del fenómeno del mototaxismo –que trasciende la mera falta de control– relaciona con factores socioeconómicos, regulatorios y culturales que el Estado no puede resolver unilateralmente.
En otras palabras, la obligación del Estado es de medio, no de resultado: debe actuar con diligencia, pero no garantiza la erradicación total de la informalidad.
Si bien el mototaxismo representa una competencia real, los demandantes no lograron demostrar que fuera la causa única de sus pérdidas.
La falta de datos sobre rutas, número de viajes, y deserción de afiliados debilitó su argumento.
Los transportadores no probaron que el mototaxismo haya causado una disminución significativa en sus ingresos, ya que el parque automotor de taxis y microbuses –los más golpeados– se ha renovado, lo que sugiere que aún hay rentabilidad.
Aun así –según la juez – no hay evidencia sólida que demuestre que el mototaxismo sea el único responsable.
Los dos fallos enfatizan que la obligación del Municipio es de medio, no de resultado: debe actuar con diligencia en el control (operativos, decretos), pero no puede garantizar la erradicación total del mototaxismo debido a su magnitud y arraigo socioeconómico.
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