Cual Trabajo Decente?

En el mes de octubre del año 2018, a escasos dos meses de haberse posesionado como presidente Iván Duque, firmó, junto con algunas centrales sindicales de nuestro país- exceptuando a la Cut- el pacto por el trabajo decente que en su contenido central planteaba, la creación de trabajo formal, el respeto por los derechos de los trabajadores, la generación de mejores ingresos y nuevas políticas de protección social. 

A reglón seguido, afirmaron, en ese entonces, que empleadores y el Gobierno, se comprometían a establecer relaciones de solidaridad y fraternidad, respetarían el derecho pensional, la libertad de asociación y de negociación, el buen trato a los trabajadores sin acoso laboral y sin ninguna discriminación.


Esas palabras sonaron muy bonitas y seguramente, ilusionaron a más de uno, sobre todo a quienes firmaron el famoso pacto. Efectivamente, el 27 de agosto del 2020, el Gobierno de Duque, desconociendo todo lo que había firmado en ese documento, expidió el decreto 1174, que entró a regir a partir del pasado primero de febrero y que abre la posibilidad de una profunda reforma laboral y pensional en nuestro país.

La escuela Nacional sindical, haciendo un análisis del arbitrario decreto plantea que” todos los trabajadores que devenguen menos de un salario mínimo, dependientes o independientes, es decir, con contrato de trabajo o bajo la modalidad de prestación de servicios, se deberán afiliar obligatoriamente al mal llamado piso de protección social
conformado por salud subsidiada y los beneficios económicos periódicos-BEPS- en reemplazo de su afiliación al sistema de seguridad social que les garantiza a los trabajadores dependientes, el derecho a estar cubiertos por la salud contributiva y los sistemas de pensiones y riesgos laborales. Este decreto constituye una regresiva reforma
laboral y pensional al introducir el contrato por horas con salario inferiores a un salario mínimo, el desconocimiento del pago por incapacidades, la licencia de maternidad y los accidentes de trabajo”.

El comando Nacional unitario,  ha rechazado categóricamente la expedición y entrada en vigencia de este decreto puesto que” bajo este decreto existirá la tentación por parte de los empleadores como ya ocurrió con otras reformas, a cambiar contratos laborales de tiempo completo por contratos de tiempo parcial o por horas, con lo cual, solo pagarían el quince por ciento sobre el salario de los trabajadores para su afiliación al nuevo piso de protección social, librándolos de la cotización obligatoria al sistema de riesgo laborales. 

De igual manera, tampoco se les permitirá su afiliación a las cajas de compensación familiar, en las mismas condiciones establecidas en el actual régimen de subsidio familiar. Para estos trabajadores, todo el sistema de prestaciones sociales, vacaciones, primas, remuneración del trabajo suplementario, establecidos por el código sustantivo de trabajo, no le serán reconocidos si es un contrato de trabajo por prestación de servicios. Peor aún, si es un contrato laboral pues hoy no hay autoridad que garantice su cumplimiento.”

Este decreto, no combate la informalidad, por el contrario, la fomenta y la legaliza, pone en peligro la estabilidad laboral y las convenciones colectivas, elimina el derecho a una pensión digna, desmonta el salario mínimo, aumenta la pobreza y la desigualdad, es decir, niega el trabajo formal, entonces, la gran pregunta que nos hacemos, ¿dónde está el cumplimiento de este tal pacto por el trabajo decente?

Carlos Arturo Rico Godoy


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