CONTRATOS DE GRÚAS
INCONSISTENCIAS EN EL CONTRATO DE GRUAS
El ex-alcalde Ramiro Navia y el Concejo Municipal de POPAYAN dejaron un contrato de grúas por una duración de cinco años cuando el actual alcalde Francisco Fuentes gobierna por cuatro años, el debate muestra claras vicios y compromisos por favorecer a manera de consecion a terceros dejando al municipio casi sin ganancias y convirtiendo a la policía en trabajadores de los dueños de las grúas.
se recomienda a la ciudadanía denunciar cuando se observe a policías cargando motos o circulando de copilotos en las grúas.
Representantes de SUNMCOL se hicieron presentes en el debate que convoco el concejal Pablo Parra
En Colombia los gobiernos y cada funcionario antes
que discriminar la motocicleta como vehículo utilizado para el mal llamado
mototaxi, debieran reflexionar sobre la crisis, que padecen cada núcleo
familiar, con todos los problemas socios económicos, que deja a Popayán, como
herencia la gobernabilidad, de los últimos seis años ocupando los primeros
lugares en desempleo y pobreza.
Como gobierno, como policías, como coadyuvantes del
desarrollo ciudadano antes de adentrarse en el ordenamiento jurídico, que como formato de trabajo, le arroja el gobierno o patrón a cada
funcionario, en el municipio, debieran hacer un acto de contrición, con la mano
en el pecho, para determinar al menos que a la relación estado, elector o
ciudadano se le debe agregar, una cualidad indisoluble de dignidad, los
mototrabajadores, exigimos a la Administración municipal, implementar políticas
públicas que se dirijan a la satisfacción de necesidades básicas para enfrentar
seriamente, los ciclos de pobreza de esta ciudad.
Esta exigencia, que se justifica desde la
Constitución Política de Colombia, se hace más fuerte, cuando se constata de
parte de la Alcaldía, la destinación de generosos recursos públicos para la
adecuación estética, en movilidad y seguridad de la ciudad, en detrimento de la
inversión social que debe priorizarse para la garantía de derechos de los más
vulnerados.
Antes de reprimir con sus argumentos amparados en
la norma deberían plantearse los siguientes interrogantes jurídicos:
1-Donde queda la constitución política de Colombia,
ante la violación de los siguientes
derechos fundamentales?
- Derecho a la vida
- Derecho al trabajo
- Derecho a la libre
movilidad.
- Derecho a la intimidad.
- Derecho a la salud.
- Derecho a la educación.
- Derecho a vivienda digna.
- Derecho a la libre empres.
- DERECHO A LA PROPIEDAD.
2-¿Será, que con sus actuaciones ponen en riesgo la
vida y la salud emocional, mental y espiritual de todo un núcleo familiar?
Esta claro que al estado y sus funcionarios se les
a olvidado el articulo 366 de nuestra carta magna, el cual señala como
finalidad social del estado, velar por el bienestar general y el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes, así mismo establece como objetivo
fundamentales del estado ´La solución de las necesidades INSATISFECHAS DE LA
POBLACION´ en especial de la salud, educación, saneamiento básico y vivienda
digna.
Además de pasar por alto el numeral 13 del pacto
internacional de derechos económicos, sociales y culturales, el cual reza: *el
estado promoverá condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados, el estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sanciona los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan*.
Cuando hablamos de violación a derechos
fundamentales, partimos del hecho de que todo aquello que toma carácter de
consumo humano, adquiere como tal la característica de DERECHO FUNDAMENTAL y es
susceptible de protección mediante tutela, dado que sin ello se ponen en riesgo
los derechos a la vida, salud y la dignidad de las personas.
En este marco se entiende entonces que el estado
colombiano, a atravez de sus agentes esta en la obligación de garantizar la
dignidad humana, siendo inoponible cualquier argumentación que vaya en
contravía de dicho concepto.
3-¿los funcionarios del estado entienden el
concepto de dignidad humana?
No puede pensarse que una persona que no tiene un
empleo estable, que no tiene cubierta sus necesidades básicas y que además se
le atropella por medio de decretos y de leyes se le esté garantizando su
dignidad.
Contrario a lo expuesto por los gobernantes, que no
han sido capaces de dar respuesta a las necesidades, de empleo para muchos
payaneses, el mal llamado mototaxismo es la única actividad laboral, con la
cual durante los últimos diez años en Popayán cientos de familias han podido
solventar su sustento diario y aun con el peyorativo de ilegales han contribuido
a engordar los capitales de los propietarios de grúas y parqueaderos que
amparados en oscuros convenios con las administraciones y contando con la complicidad
de las autoridades de transito se han dedicado a perseguir ferozmente a las clases
mas vulnerables, con el débil argumento de que están luchando para garantizar
la seguridad en las vías y la seguridad ciudadana.
Prueba de la falta de compromiso social de nuestros
padres de la patria, al momento de legislar, están las sumas exorbitantes, que
por concepto de multas por mototaxismo, pretenden hacer efectivas por medio de
cobros coactivos, pero no se ve la norma por ningún lado, para regular los
miles de millones que por cobro de
servicio de grúa y parqueadero se están cancelando por parte de los motociclistas
en general, pues no hay ni siquiera un formato de recibo que legalice y
justifique la destinación de estos recursos.
Ni hablar de la carrera contrarreloj que se observa
por parte de la policía de transito para llenar las grúas con motos e irlas a
descargar como trofeo al parqueadero violando el articulo 127 de la ley 1383
pues en ninguno de sus literales menciona que se deban hacer inmovilizaciones
colectivas, será entonces que en Colombia son interpretadas a conveniencia de
los grupos de poder económico y no en Favor del pueblo?
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