ANALISIS Y PROPUESTA
CONTEXTO DE LUCHA MOTOTRABAJADORES DE COLOMBIA
 |
| LUCIO MURILLO Y SENADOR IVAN CEPEDA |
En el congreso nacional de tierra territorio y soberanía, habrá discusión sobre la forma y manera de como las organizaciones sociales y políticas podemos fortalecer el trabajo desde la base, cambiando el método e implementando, estrategias que conlleven al empoderamiento del pueblo, para que cada individuo tenga la capacidad de incidir en cambiar el discurso y forma de liderar, empezando desde la autocritica en cada una de nuestras organizaciones.
Lucio Murillo y Edgar Vivas
Desde la óptica de construir legislación como mandato del congreso de pueblos consideramos revisar el tema urbano desde la Sociedad Civil, la democracia y la justicia social como raíz y sustento de la nueva legislación a fin de rescatar el papel y función a que están llamadas las organizaciones sociales para definir la ruta que nos debe llevar a la construcción de país con vida digna y ¨la ciudad que queremos¨.
Como ciudadanos entendemos un nuevo país con vida digna al conjunto de acciones desarrolladas en la vida diaria por un conglomerado social; acciones y comportamientos que se fundamenten en el ejercicio real y practico de una ética civil y una ética ciudadana, en los ámbitos de la vida pública y privada. La ética civil, es un conjunto mínimo de valores, que con independencia de nuestro particular punto de vista político, partidista, religioso, étnico o social; nos condiciona en el respeto de valores, que constituyen una exigencia y a la vez un derecho de todos los seres humanos.
La libre movilidad incluye unos principios fundamentales como: la vida y la integridad personal; la libertad de convivencia, opinión y locomoción, el derecho a la diferencia; la construcción de un ambiente sano; la negociación pacífica de los conflictos; la soberanía popular; la lucha contra toda forma de discriminación, étnica o religiosa; el derecho a una administración de justicia eficaz e imparcial; y la garantía de unas condiciones materiales de la vida que hagan digno y posible el ejercicio de los restantes derechos. Sin la presencia efectiva de estas condiciones mínimas, resulta inviable o cuando menos altamente conflictiva e inestable la existencia de una sociedad.
DIFICULTADES DE LA INFORMALIDAD
La difícil situación por la que atraviesa el mototrabajador en Colombia se relaciona en primer término con una crisis profunda de valores que rigen el comportamiento de los colombianos entre sí, y entre estos y la sociedad civil y política; portadora del modelo privatizador que genera desempleo, impone más impuestos y hace cada día más pobres en nombre del desarrollo.
El modelo económico produce desempleo, desigualdad social y conlleva a los ciudadanos al sufrimiento por la falta de ética de sus gobernantes, donde el ciudadano no encuentra respuesta precisa, para actuar en la vida pública y privada.
Este vacío ha sido llenado por la presencia de lo que algunos ya han denominado como facultades para los alcaldes o “CULTURA DE LOS DECRETOS Y LA VIOLENCIA”, es decir, los decretos municipales o normas de transito son la presencia de un conjunto de anti valores, que encuentra como justificación la capacidad de opresión y violencia física de que se bastan los agentes de policía y los funcionarios públicos, para imponer a los demás el ejercicio excluyente del poder político, social y económico que le exige el modelo privatizador.
Los decretos y la economía privada, son la adopción de una mentalidad militarista por parte de los diferentes segmentos de colombianos, llamados funcionarios públicos, que encuentran solución en la norma, y atropellan nuestras diferencias, haciendo tal vez, que el motociclista como desempleado tome por el sendero equivocado del camino armado y violento.
La problemática del mototrabajador, encuentra su causa inmediata en el hecho de que las normas jurídicas que rigen en nuestro país, no son fruto de un consenso o cuando menos de una libre opción, ya que no se permite la participación plena de las organizaciones de mototrabajadores en la toma de decisiones.
En las facultades para los alcaldes, esta, permitir la aplicación de principios y normas jurídicas por encima de la carta magna, que derivan en la aplicación del neo constitucionalismo que practica SANTOS y todo su esquema de gobierno, que no ha encontrado un sistema de oposición eficaz, lo que le permite legitimar la imposición: este modelo habla de aplicar la justicia material antes que la ley escrita, el ejecutivo se impone mas allá de lo pedido y con base en fuentes extra-jurídicas (decretos), se vuelve un todo poderoso, que no está sujeto a la ley, en el entendido de la palabra democrática del legislador. El poder ejecutivo actúa como agente político, decide con criterios políticos para preservar con su máscara de justicia sin límites, ni argumentos distintos a los que el modelo les exige aplicar; razones por las cuales las normas que nos rigen, no son producto del acuerdo colectivo, e invisivilizan nuestra historia.
RAÍZ DE LA CRISIS DE LA INFORMALIDAD
La población informal en Colombia se caracteriza por la diversidad étnica, cultural y social, que encuentra en el régimen neoliberal un vacío jurídico, cuyas normas no permiten dar solución a los problemas sociales de los estratos menos favorecidos.
El gobierno de unidad nacional traduce un régimen político que asfixia la posibilidad de la presencia de los movimientos sociales; Las características de este modelo neoliberal, centralista y presidencialista, resulta ser lo más contrario a la realidad que pretendían regular. El centralismo como poder ejecutivo continúa por encima del poder legislativo y judicial por lo que no se puede contar con un gobierno de transparencia y equidad.
El peso de la deuda pública sobre las finanzas estatales se originó cuando la Constitución de 1991 introdujo la prohibición de utilizar los recursos de la emisión monetaria para financiar el Presupuesto Nacional, lo cual obligó al gobierno a emitir bonos de deuda pública (los llamados TES) que se colocaron en los mercados financieros pagando tasas de interés de mercado, de tal forma que una porción creciente de los impuestos fue absorbida por el costo financiero de los mismos.
El presupuesto participativo y las regalías para los departamentos y sus municipios son el resultado de un proceso de decisión colectiva que involucra una variedad de agentes (legisladores, Ministerios de Gobierno, Ministro de Economía, la burocracia), cada uno de los cuales tiene sus propios incentivos. Dado que la mayoría de estos agentes involucrados en el proceso de presupuesto representan intereses políticos o intereses sectoriales, la combinación de estos intereses individuales y excluyentes generan la sobre explotación de los recursos públicos dando como resultado un gasto y un déficit excesivos.
Este problema compromete la capacidad de los representantes elegidos para ejecutar sus planes de gobierno. Adicionalmente, la inflexibilidad del presupuesto puede poner en peligro la estabilidad macroeconómica, por cuanto dificulta los ajustes en situaciones fiscales deficitarias. La implicación directa hasta el presente ha sido el aumento persistente de la deuda pública, el cual debe revertirse en aras de la estabilidad económica.
LA NORMATIVIDAD COMO IMPOSICIÓN
El mensaje principal del modelo de gobierno de Santos, como formulación teórica, es sostener el poder ejecutivo, como el supuesto pacto social de unidad nacional; por encima del poder legislativo y del poder judicial.
Para el mototrabajador, el vendedor ambulante, el subempleado y toda la informalidad: La construcción de un nuevo país, no puede ser entonces sino el fruto del acuerdo de los diferentes sectores de una sociedad, que encuentra en ella el espacio en el cual confluyen sus intereses vitales y se deben pactar normas que eviten futuras confrontaciones, de modo que en ellas se utilicen los mecanismos del dialogo y la concertación.
La misión, pues, de una nueva legislación, es la de fijar las reglas para la resolución de las presentes y futuras controversias fundamentales de una sociedad, sería un punto de encuentro y de convergencia de intereses con el cual debe identificarse sino toda, al menos la gran mayoría de la población.
Nuestra historia constitucional, muy por el contrario, ha desconocido este planteamiento. Entre 1811 y 1886 fueron expedidas quince constituciones de vigencia nacional. A cada una de estas constituciones precedió una confrontación bélica entre los colombianos, las llamadas guerras civiles del siglo XIX que correspondió con la expedición de una nueva constitución por parte del vencedor en la guerra, quien imponía sus reglas del juego a los demás colombianos.
El siglo XX ha visto pasar más de 170 reformas a la constitución, tomando como rasgo común la imposición de determinados sectores de colombianos sobre los restantes.
El predominio del modelo neoliberal ya no es un secreto para nadie en la conducción del comportamiento de los colombianos. De hecho, el sistema de valores de la economía privada opera como un discurso de control social, fiscal, económico y político que cohesiona el universo de valores, y manejo de conceptos y racionalidades que permitieron, por ejemplo, que el dominio del poder ejecutivo se constituya en norma de conducta indiscutida para la comunidad pasando por encima de la carta magna y demás poderes establecidos en la constitución nacional.
Lo cierto es que determinadas actitudes asumidas por sectores de la oligarquía, entre las que contamos, la despreocupación por los problemas sociales cotidianos que afrontan los estratos uno y dos, así como el hecho de que en los momentos de crisis, no asumen conductas acordes con la situación real, ni diferentes de las adoptadas por la dirigencia en Colombia, enfocadas solamente en sostener la deuda pública, trasladándosela a los hombros de los más necesitados.
La presión del modelo económico deriva en la aparición de un fuerte vacio ético, generado por nuestra incapacidad de organizarnos desde la base y protestar de forma integral y contundente. Este es el estado actual de la crisis que se desea afrontar y que nos coloca en una situación a medio camino en que aun no hemos abandonado la tradición, representativa, electoral, continuista y seguimos debatiendo con discursos estériles y creando escenarios improductivos. Lo cual nos impide avanzar en la construcción de país con vida digna para todos y todas.
LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Cuenta la historia tradicional que La Hacienda constituyo la forma a través de la cual se relaciono un numeroso sector de colombianos con los poderes públicos durante la colonia y buena parte de la era Republicana. Ella – la Hacienda- mediatizaba la vinculación ciudadano- Estado, la cual, por la insuficiente presencia de la acción gubernamental, recreo un sencillo pero completo microcosmos en que la proyección de la soberanía ciudadana, concluye en la relación siervo-hacendado, que se alimenta por un vínculo clientelista integrado por dos componentes simultáneos: paternalismo y autoritarismo.
La relación es efectivamente autoritaria, pero de una satisfacción pasiva para el ciudadano que puede ser caracterizada de paternalista. El señor ofrece protección y manutención, el siervo trabajo y sumisión. Ambos están ligados por una suerte de mutualismo paternalista y autoritario donde, desde luego, el señor deriva los mayores beneficios.
Los partidos tradicionales, las organizaciones sociales y políticas reproducen ese mismo esquema. En lugar de contribuir como ámbitos para el ejercicio de una militancia tolerante que permita la apropiación de costumbres y hábitos democráticos, desemboca en la generación de seguidores fanatizados por uno u otro color político; y más recientemente, en el voltee arepismo y mantenimiento de caudas de votos y conciencias cautivas, sostenidas mediante maquinarias clientelistas que reproducen en la relación gamonal-político-elector- cautivo, el mutualismo que antaño sostuvo el sistema económico de la hacienda.
Por manipulación histórica que han ejercido los partidos políticos tradicionales convirtieron el estado en un ente sometido a sus mandatos; sus políticas clasistas y excluyentes dieron origen a factores como: crear privilegios que son aprovechados en su propio beneficio por los grupos que logran acceso a los aparatos de poder, conducen a una administración deficiente de las entidades públicas donde se consumen recursos en decisiones incorrectas y en favores clientelistas y se favorecen en la creación de organismos fachadas que terminan contribuyendo al favorecimiento de la corrupción(contraloría, defensoría del pueblo, ministerio de la desprotección social, procuraduría).
Por lo tanto creemos que los procesos electorales, sean superados por procesos participativos que permitan de manera permanente, control seguimiento y cogestión de los programas públicos permitiendo así la participación de los sectores populares en las políticas de reproducción de fuerza de trabajo, de esta forma podríamos hablar de que en Colombia se realiza un ejercicio de verdadera democracia.
EL RÉGIMEN POLÍTICO DEL MODELO NEOLIBERAL
Entendemos por régimen político las normas que se establecen para el ejercicio de la actividad política en un lapso de tiempo determinado. El Estado como formación histórica asume las características propias de una estructura antidemocrática que por su naturaleza hace complejo, difícil y exclusivo el acceso a las posiciones de poder; la historia menciona que entre 1950 y 1991 fueron 41 años de vida institucional de los cuales 34 años se desarrollaron al amparo de Estado de Sitio.
La actual vigencia del modelo neoliberal se formula en dos reglas que sustentan su permanencia: La instauración del modelo en el sistema y las finanzas y La figura de unidad nacional. Hoy día El gobierno de SANTOS como ejecutivo es el elemento continuista, complementario y degenerativo que no solo teje una tupida red para el arribo a la gestión pública, sino que también hace de la economía el botín de guerra a que tiene derecho el vencedor en la batalla de las prebendas políticas y en la clientelización y sometimiento del elector.
La figura de unidad nacional se constituye en la herramienta con la cual se asume de forma directa la respuesta del Estado y del Statu Quo a todas las manifestaciones de disenso y protesta social, particularmente aquellas que no encajan en el marco estrecho de la opción bipartidista; esta herramienta es la secuela más grave de implantar la unidad nacional de carácter permanente.
Este hecho genera en el país una situación de estado de zozobra colectiva, constante y de inseguridad jurídica a que se ven sometidos los habitantes del campo y la ciudad como consecuencia de la vigencia de las normas supuestamente descentralizadas.
De esta manera para el mototrabajador en Colombia, la problemática de la informalidad reclama la movilización social, contra toda normatividad excluyente que impide el buen vivir y la circulación de la motocicleta, no se puede seguir aceptando situaciones sin respeto al derecho al trabajo, a la libre movilidad, las políticas, planes de desarrollo y de movilidad no responden a estudios socioeconómicos reales de las ciudades, son modelos copiados y por tanto equivocados, no mitigan las necesidades de índole alimentaria y de sobrevivencia de las gentes.
En esta disputa por gobernar, con las ventajas para unos, en cuanto a la lucha por el poder, se realza el vacío jurídico, moral y ético, de la desprestigiada oligarquía, que no se va a transformar automáticamente con discursos, sino con movilizaciones y espacios populares como el nuestro siempre y cuando se logre unificar todos los escenarios de lucha popular.
A las organizaciones sociales y políticas, nos toca evaluar el accionar metodológico para que nuestras bases en carne propia, reconozcan que hay ausencia de una oposición fuerte y aun mas de una opción social y política, que le ofrezcan al país la construcción del camino y la esperanza que nos permita sobrellevar las contradicciones sin mayor riesgo.
Los mototrabajadores creemos que de esta evidencia real y colectiva saldrá el acompañamiento, la solidaridad, el sentir que irá creciendo y adquiriendo iniciativa, protagonismo y poder popular. Por ahora nos queda que los diferentes escenarios del movimiento social profundicemos en esos esfuerzos y en todas las formas de integración, creando y reafirmando formas de organización legitima en busca del buen vivir y en defensa de los derechos de la naturaleza, hasta la lucha dentro y fuera del estado, utilizando los mismos medios con proyectos prácticos, sin caer en demagogias y en prácticas de proteccionismo, pero siempre REEVALUANDO las contradicciones y manejando los dos modelos.
Creemos que eso nos permite ponerle el sello del resurgimiento, de una posibilidad colectiva para enfrentar el modelo sociopolítico abanderado en este momento por el sector tradicional y alternativo que no representa un camino de avanzada para una Colombia distinta.
Estamos seguros que una legislación popular con democracia, con soberanía, con justicia solo puede surgir de la mano de los siempre negados y excluidos, vendedores ambulantes, de minutos, viviendistas, desplazados y mototrabajadores de todo el país.
EL MOTOTRABAJADOR COMO CIUDADANO
Para los mototrabajadores la división territorial de nuestro país es el producto de la distribución de intereses de los llamados padres de la patria. Los límites de los países del mundo son el resultado de intereses que han desconocido el ideal de los pueblos.
Se promulga en las escuelas que ser colombiano es amar la patria, memorizar el himno nacional, reconocer el escudo, respetar la bandera, no criticar las instituciones y obedecer los gobiernos. Este código de valores no permite que la gente se reconozca diferente, inculca en el individuo la búsqueda de una personalidad idealizada, carente de historia cuya pretensión es inalcanzable.
El papel del ciudadano en la sociedad y el concepto de país se deben evaluar urgentemente. Por nuestra parte la nación no puede ser un concepto acabado, es un proyecto en construcción y debe ser colectiva. El estado debe ser el resultado de un contrato entre los pueblos que habitan un territorio que bien puede llamarse país, en donde se acuerden formas y normas para la convivencia.
Por lo que se requiere más que formulas y modelos, más que lideres sabihondos o prohombres de estomago y posición social; lo que se requiere es un gobierno que brinde garantías de gobernabilidad para que las comunidades implementen y administren sus propios destinos.
La relación de los mototrabajadores y los ciudadanos en su rutina solidaria de humor y convivencia urbana, nos hace repensar y recrear la historia, valorando los saberes propios la tradición local y el accionar colectivo.
La dinámica urbana en su mundo pintoresco y cotidiano hace de Colombia un país posible, sin olvidar que somos el resultado de las culturas de la vida lo que nos permite empezar A SER NOSOTROS.
EL CAMINO DE LA DEMOCRACIA
La democracia como un modo de ser con otros es un reto que impone el discurso democrático es que ESTE, a diferencia de otros debe ser adecuadamente interiorizado en las organizaciones, para que cada ciudadano lo asuma en propiedad.
La concepción de la política en nuestra sociedad, ha sido entendida a lo largo de la historia pasada y reciente como la continuación de la guerra por otros medios. La ausencia de fronteras precisas entre una y otra ha conducido a una confusión en que los actores son simultáneamente políticos y opositores.
Creemos imperativo rescatar los medios propios de la política que son los del dialogo y la concertación, los que reconocen al adversario su derecho a existir en primer lugar y luego su derecho a utilizar la capacidad argumentativa como el instrumento que posibilita el desarrollo de una sociedad en un marco creativo, diverso y plural.
En suma, una legislación debe ser el resultado de una creación colectiva, un compromiso sincero y una elección gratuita, como garantías mas perenne de su existencia, en el rescate y aplicación de las virtudes ciudadanas y particularmente de aquellas que asumen la soberanía popular como una forma de ser con otros.
SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA
Una muy difundida concepción del pensamiento de occidente planea y construye el ejercicio político desde el Estado. De modo que los actores políticos persiguen como objetivo básico de su actividad la conquista de posiciones de poder al interior del Estado, éste sería pues el principal instrumento para procurar la transformación de la sociedad.
Otros por el contrario estiman que la tarea principal de la acción política se centra en el fortalecimiento de la Sociedad Civil. Esta posición, opuesta a la concepción estatista, privilegia las múltiples y heterogéneas instancias y grupos de poder que hacen presencia en una sociedad.
Desde este ángulo de la política se deriva que son los movimientos sociales y no los partidos políticos los que están llamados a jugar un papel protagónico en la construcción de una democracia. A través de los movimientos sociales, resulta más permeable la apropiación de valores democráticos, ya que la organización social al incorporar la representación gremial y laboral hace aun mas directa y palpable la participación del ciudadano en la actividad política; derrumbando así la inmediatez de pensamiento que conlleva a que el pueblo en aras de una solución aparente a sus necesidades insatisfechas, vende su conciencia dejando a la democracia ausente en cada proceso electoral
En ese sentido, y respondiendo a una necesidad obvia del hombre como ser social, la Constitución contempla la participación de los movimientos sociales en la vida política y electoral del país. Esta tendencia que se viene consolidando en los últimos seis años, de unificar todos los escenarios de la lucha popular, abre un nuevo camino de alternativas políticas que muy seguramente capitalizara con éxito el desafecto de amplios sectores ciudadanos hacia las estructuras partidistas que decepcionaron profundamente en su labor de mediación frente a los poderes públicos.
Esta integración popular ahora desplegada por organizaciones sociales tan diversas como campesinos, mototrabajadores, estudiantes artistas, indígenas, negritudes, etc. Esta llamada a fortalecer los tejidos más endebles de nuestra sociedad, en la certeza de que una sociedad civil fuerte – que haya interiorizado unos valores civiles y democráticos – es la mejor garantía para una sociedad y un Estado democráticos.
DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA
Pensamos que uno de los aspectos esenciales en este desafío por construir nuestra legislación es el reconocimiento del individuo como ciudadano, es decir, como sujeto activo de la política y de la cotidianidad.
Como sujeto activo de la política resulta esencial reconocer el derecho de cada colombiano a sentirse depositario de una cuota de poder, de esas tantas que sumadas componen la resultante de la soberanía Popular. Si partimos entonces de aceptar en cada uno de nosotros la condición de depositarios del poder político, estaremos comenzando a entender el papel protagónico y por ende la responsabilidad inmensa que nos cabe en la formulación de una nueva institucionalidad más amplia, mas democrática y mar participativa; en la seguridad que esas, las conquistas de la democracia política obtenidas en una nueva legislación, son el peldaño más sólido para garantizar una convivencia pacífica con justicia social.
Pero además, la condición de ciudadanos nos demanda ser también sujeto activos de nuestra cotidianidad, en nuestro relacionamiento con los seres más cercanos a quienes en nombre de tantos prejuicios hemos negado el derecho al afecto, a la ternura y a las inmensas posibilidades que tenemos de construir la democracia desde lo más intimo de nuestros hogares.
El ideal de la democracia es, en suma, la autodeterminación del individuo en sociedad sobre sus condiciones y modos de vida, es la elección libre del hombre y de la mujer que a partir de su razón lucha por la determinación de su futuro.
SOBERANÍA POPULAR
Como Sustento de la Democracia la soberanía popular es aquella que tiene en cuenta al pueblo como fuente surtidor que alimenta la formulación de las instituciones políticas.
A través del mandato ciudadano esta fuente tiene el poder Y cuenta con la autoridad y la capacidad suficientes para modificar las instituciones, cuando estas resulten precarias e ineficientes para asegurar un desarrollo democrático. Es también este mismo pueblo quien a través de sus representantes fija las líneas generales de conducción de una sociedad.
A pesar de la importancia que convierte a la voluntad ciudadana en la espina dorsal de un sistema democrático, aquella tiene unos límites y unos parámetros cuya salvaguardia es capital para definir la vigencia de una democracia.
El principal límite es el respeto por la existencia y manifestación de las minorías étnicas, religiosas, políticas y culturales, en una palabra del derecho a la diferencia.
Es inadmisible en una sociedad democrática estimar como aceptado que por razón del principio de las mayorías se coarte la facultad de grupos humanos distintos al predominante a desplegar sus potencialidades.
La democracia no se concibe desde una homogénea identidad en la cual todos se reconocen sino a partir de las diferencias, ya que la pluralidad es la condición específica de toda vida política.
DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL
Un sistema democrático es legítimo si logra resolver los problemas fundamentales que han puesto en contradicción a una sociedad. Construir una democracia al margen de las necesidades más sentidas de la población no solo es antidemocrático, sino que además conllevara a la creación de condiciones de inconformismo que dará origen su pronta disolución.
Democracia e injusticia social son términos incompatibles, aunque por desgracias a veces simultáneas. No se puede soportar vivir una situación de democracia política mientras se sobrevive en precarias condiciones sociales, el estado debe concebir y ejecutar unas políticas reales y claras encaminadas a la superación de la pobreza.
Esta reflexión nos ubica en el momento actual, donde la lucha por una modernización del aparato productivo parece subordinar el desarrollo de programas que atiendan las prioridades de orden social. Hoy la modernización, y con ella la apertura económica aparece como un hecho insalvable, producto de la internacionalización de los mercados. Respecto de la apertura podría decirse que si no nos metemos con ella, ella se mete con nosotros. En este contexto el desafío que afronta la democracia es el de saber conciliar, por ejemplo, la expansión de una industria turística, con el derecho ancestral de centenarias culturas que habitan tierras objeto de expansión del capital.
He allí una oportunidad para lograr una alternativa que nos permita aprovechar lo mejor de dos mundos.
Un proceso de modernización de la economía agraria debe tener de presente que empresarios agrarios no son solo los grandes conglomerados agroindustriales, sino también las pequeñas y medianas unidades productivas que demandan del Estado alternativas viables que hagan competitivos sus productos en los mercados regionales, nacionales e internacionales.
Existen fructíferas y valiosas experiencias de cómo pequeños productores suficientemente organizados y asistidos técnica y financieramente colocan hoy día sus frutos en mercados exigentes como el norteamericano y europeo. Por desgracia estas cifras a veces no aparecen en los registros de exportaciones, ni en los informes de aquellos que endilgan a los procesos de reforma agraria un descenso en la productividad. Un mundo económico como el contemporáneo, con toda certeza, nos resulta imposible sustraernos, demanda de las organizaciones agrarias el acopio de toda la fe, la esperanza, la unidad y la energía necesarios para dejar viejas malquerencias y enfrentar con el compromiso que les caracteriza el reto de convertirse en unidades económicas rentables que garanticen condiciones materiales de vida dignas y en esa medida apuntalen las bases de una democracia duradera.
No acaba de entender uno como el Estado pone en marcha Agro Ingreso Seguro y concede líneas de crédito mas cómodas exenciones para los grandes exportadores y en su lugar, fija altísimas tasas de interés cuando se trata de financiar la actividad económica de los pequeños productores agrarios.
En fin, creemos que la esencia de la política consiste en el reconocimiento de la existencia de cada uno, de su importancia como sujeto social y de la fuente de vitalidad que supone para una sociedad la presencia de conflictos que permitan generar opciones y no suprimirlas.
En este sentido, las verdades que fundamentan una democracia solo pueden nacer de la posibilidad real de discusión y argumentación que posean los individuos ya que la única forma de probar que uno u otro sujeto tiene la razón es permitir a los restantes la demostración de lo contrario. Ello, porque a las democracias las vuelven fuertes los consensos y no las armas, las nutren las discusiones y no las imposiciones.
LA PAZ SE HACE SIN HAMBRE
POR EL DERECHO AL TRABAJO MOTOTRABAJADORES PRESENTES
- Desde la informalidad: MOTOTRABAJADORES DE COLOMBIA
Comentarios
Publicar un comentario